Proyecto de análisis comparativo de los marcos legales y programas existentes en América Latina

Se realizó una entrevista a la Dra. Daniella Schweizer, representante de CIFOR (Center for International Forestry Research), quien está a cargo de la investigación del proyecto.

1.- ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

El proyecto tiene como objetivo conducir un análisis objetivo y crítico de los marcos legales y programas existentes en América Latina para promover el aumento de la cobertura forestal, tanto con fines ambientales como comerciales. Para ello se adelanta un análisis por medio de una serie de indicadores ecológicos, sociales y financieros, así como una serie de entrevistas a diversos actores de la sociedad vinculados a la reforestación sobre sus percepciones de los instrumentos legales. Los resultados serán divulgados a los tomadores de decisiones de los diversos países.

2.- ¿Quién está a cargo de realizar la investigación del proyecto sobre los instrumentos legales de los países en Latinoamérica con relación a la cobertura forestal?

El equipo de investigación está compuesto por el Dr. Manuel Guariguata (CIFOR), el Dr. Pedro Henrique Santin Brancalion (Universidad de Sao Paulo), la Dra. Paula Meli (Universidad de Sao Paulo), y mi persona Dra. Daniella Schweizer (CIFOR e USP).

3.- ¿Cuál es el beneficio de conocer las aportaciones y experiencias de los países Latinoamericanos en cuanto a la cobertura forestal?

Dentro del marco de las recientes iniciativas y acuerdos mundiales para luchar contra el cambio climático los países se han comprometido a restaurar áreas de su territorio con bosque. Sin embargo, las experiencias con relación a los instrumentos legales que motivan las plantaciones de bosque difieren entre los países. De allí que se torne tan importante mostrar las experiencias en un documento que promueva el diálogo y el intercambio entre los países.

4.- ¿En qué países se está realizando la investigación de los diversos actores y las aportaciones del proyecto?

El proyecto incluye los siguientes países: Méjico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, La República Bolivariana de Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia y Argentina.

5.- ¿Quiénes han sido los representantes de cada país para contar sus experiencias y dar aportaciones al proyecto?

 Han sido representantes de gobierno, academia y de la sociedad civil organizada.

6.- ¿Cuáles han sido las aportaciones más relevantes de cada país con relación al aumento de la cobertura forestal?

La experiencia difiere mucho desde países en los cuáles el apoyo a las actividades forestales es muy incipiente o casi nulo, cómo en el caso de países con instrumentos muy desarrollados y completos, que cuentan con una serie de incentivos para tanto para la producción maderera como para la recuperación de bosques. Los países que tienen instrumentos más desarrollados y activos son Colombia, Guatemala, Méjico y Brasil. Sin embargo, la mayoría de las políticas más desarrolladas son aun relativamente nuevas y es difícil evaluar su eficiencia en el territorio.

 7.- ¿Han sido positivas o negativas las aportaciones de los países latinoamericanos en cuanto a los instrumentos legales de la cobertura forestal?

De nuevo, la respuesta varía. En los países donde existen instrumentos completos, los entrevistados tienden a concordar que los incentivos para la implantación de bosques con fines comerciales han funcionado bien y promovido el sector. Ahora, con fines ambientales, la tendencia es a percibir que esos instrumentos aún son flacos, les falta poder de convocatoria y fiscalización. Generalmente, en lugares donde se cuenta con pagos por servicios ambientales, resulta difícil que el propietario mantenga el bosque una vez terminado el incentivo monetario.

8.-  ¿De qué manera las entidades públicas y privadas realizan aportaciones a los instrumentos legales de la cobertura forestal de cada país?

Los aportes financieros para apoyar los instrumentos legales varían desde pagos por servicios ambientales, pagos por las hectáreas implantadas por los primeros 5 a 10 años (Guatemala, Colombia y Méjico), hasta multas por desacato de la ley que exige mantener áreas en bosque en las propiedades (Brasil). Los privados, generalmente las ONG, apoyan técnicamente, financieramente y con proyectos pero tienden a tener escalas muy puntuales que no hacen una gran diferencia en el territorio.

FUENTE: Ecuador Forestal

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