Agricultores y ambientalistas de Brasil están enfrentados por el avance en el Congreso de un nuevo Código Forestal, la ley que regula la preservación de los grandes bosques y la Amazonía.
La reforma del Código Forestal, que opone al gigante agronegocio ávido de tierras para producir más y a los ambientalistas que lo consideran un retroceso contra la deforestación, pasó esta semana en la comisión especial de Diputados y debe ser aprobada definitivamente tras las elecciones generales de octubre.
«La nueva ley es terrible: amnistía los delitos ambientales y es un retroceso para los compromisos internacionales del gobierno brasileño de reducir la deforestación en 80% hasta 2020», denunció el especialista Adalberto Veríssimo, del Instituto Imazon, a la AFP.
El Codigo Forestal, que data de 1965, limita el uso del suelo que pueden hacer agricultores y propietarios rurales, al obligar a los dueños de áreas selváticas a preservar parte de su propiedad intacta, que en la Amazonía llega al 80%, y además define otras áreas sensibles a proteger, como márgenes de ríos.
El punto más polémico de la reforma es una amnistía a los productores que deforestaron ilegalmente hasta julio de 2008, a los que da 20 años de plazo para recuperar lo destruido. También es polémica la excepción a propiedades pequeñas que serán eximidas de preservar grandes espacios.
«Esta reforma no es una amnistía, es una adaptación de la ley a las posibilidadfes de que sea cumplida, para que podamos regularizar el campo», dijo su autor, el diputado Aldo Rebelo, al denunciar que 90% de las propiedades en Brasil están en situación irregular por no cumplir con el Código Forestal.
«Si cumpliéramos las exigencias del actual Código, estaríamos importando arroz de China, que no tiene un palmo de áreas protegidas», ha afirmado la senadora Katia Abreu, voz de la poderosa bancada ruralista en el Congreso y presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA). Abreu aseguró que los agricultores de Brasil, un gigante exportador de alimentos, necesitan mucha más tierra.
La prioridad de agricultores y ambientalistas debería ser «regularizar la situación de todas esas propiedades y áreas, porque hay un limbo legal que genera una inseguridad muy grande», expresó Laura Antoniazzi, investigadora del Instituto ICONE de Estudios del Comercio, especializado en temas agrícolas, a la AFP.
Para la analista, esa regularización no se alcanzará flexibilizando la ley ambiental, sino con mecanismos de compensación financiera que fomenten la protección ambiental, la recuperación de las áreas de bosque devastadas y un uso eficiente del suelo.
«Flexibilizar la protección ambiental con el argumento de que la agropecuaria necesita más tierras no tiene validez científica», dijo, afirmando que Brasil tiene bastantes tierras disponibles.
La devastación de la Amazonía, impulsada por lucrativas madereras, la agropecuaria y la minería ilegales, alcanzó un pico histórico de 27.000 km2 en 2004 y cayó a 7.000 km2 en 2009, con un recrudecimiento de los controles y las penas para delitos ambientales.
Se estima que la deforestación provoca 20% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2), responsables del calentamiento global, y por ello Brasil, que posee la mayor parte de la Amazonía -la mayor selva tropical del planeta- asumió el compromiso de reducir el ritmo de deforestación en 80% hasta 2020.
Fuente: http://www.lignum.cl/noticias/index.php?id=18770
