Empujado por una certera motosierra, un árbol centenario cae con un estruendo rápido y desgarrador en la densa selva de Paragominas, principal polo maderero de Brasil, pero su tala no contribuye a la deforestación, sino que es parte de un estricto plan de manejo forestal en asociación con privados para intentar salvar la Amazonia.
El gobierno brasileño decidió dar en concesión zonas de selva en la Amazonia, que suman 14 millones de hectáreas (dos veces la superficie de Irlanda), para que los exploten empresas privadas y comunidades tradicionales bajo estrictos planes de manejo que limitan la tala a la capacidad de regeneración de la selva, informó a la AFP el director del Servicio Florestal Brasileño, Antonio Carlos Hummel.
Después de dos años de preparación, la primera concesión entrará en operación en octubre.
«El manejo forestal puede ser la única actividad económica viable para muchos municipios y pobladores en la Amazonia», la mayor selva tropical del planeta donde viven 25 millones de personas que necesitan fuentes de renta, explica Marco Lentini, director del Instituto Selva Tropical (IFT por sus siglas en portugués), uno de los pocos centros de entrenamiento en control forestal, ubicado en Paragominas (Estado de Pará, norte).
Lo escuchan 20 alumnos de diferentes partes de la Amazonia.
«En nuestros pueblos no hay trabajo, pero el manejo forestal está generando empleo», explica Raimunda Deodina -que aspira a una formación y un empleo para mantener a su hija de 12 años- mientras coloca en el árbol talado la placa con el número que garantiza su origen sustentable.
«Un plan de manejo forestal significa que cortaremos máximo cinco árboles para un área del tamaño de un campo de fútbol, todos autorizados por las autoridades, y que el área intervenida descansará 30 años para que se regenere», explican André Miranda y Marlei Nogueira, instructores de este instituto que trabaja en colaboración con el gobierno y tiene financiación de la estadounidense Fundación Moore.
La explotación maderera descontrolada ha sido el gran motor de la deforestación de la Amazonía, y sus impactos son obvios en el gigantesco municipio de Paragominas, en donde enormes extensiones de selva quedaron convertidas en áreas de pastoreo.
La idea es que este esquema de manejo forestal, a aplicarse tanto en áreas públicas como privadas, contribuya a seguir frenando el ritmo de la deforestación en Brasil, que alcanzó un pico histórico de 27.000 km2 en 2004 y que este año debe alcanzar unos 5.000 km2, el menor nivel tras décadas de tala.
«Impusimos fuertes controles a las madereras ilegales y por eso el sector privado está viendo que las concesiones y el manejo forestal son el camino, al tiempo que generamos alternativas económicas para los habitantes de la región», concluyó Hummel.
«Aprendí la lección: si derrumbo este árbol Copaíba me darán 50 reales (30 dólares). Si lo mantengo en pie, puedo sacar 50 reales por año con su aceite medicinal», explica Benedito de Souza, quien ha vivido sus 65 años en la selva amazónica y hoy enseña técnicas tradicionales para aprovechar los productos del lugar.
La empresa familiar Cikel se convirtió hace años en precursora del manejo forestal privado y certifica su producción con el riguroso sello internacional FSC de sustentabilidad social y ambiental.
«Cuando comenzamos, nuestros vecinos se burlaban, decían que dejábamos muchos árboles sin cortar y gastábamos mucho dinero en manejo, pero muchos salieron del mercado y nosotros continuamos», expresa Wandréia Baitz, gestora ambiental de la compañía.
Baitz reconoce, sin embargo, que el buen manejo es todavía incipiente y que enfrenta una competencia desleal con la madera ilegal. «Sigue habiendo deforestación ilegal en Brasil» y no son raras las empresas que logran legalizar madera cortada ilegalmente, señaló.
Además de las áreas que serán abiertas a concesión, la Amazonia brasileña tiene 210 millones de hectáreas protegidas (42% del área total), incluidos parques y reservas indígenas.
Fuente: Forestalweb
