A vísperas de que se tramite una Ley de Tierras que pondrá nuevas reglas a la tenencia, en Quito se desarrolló la III Conferencia Regional de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC). Allí se expusieron propuestas y acciones que lleven a la equidad del recurso.
Por un lado, Antonio Rodríguez, subsecretario ecuatoriano de Tierras y Reforma Agraria, explicó el trabajo del Gobierno con miras a la redistribución. “Hace más de un año, mediante el decreto 1852, se abrió un nuevo momento en el país. Se planteó afectar las tierras improductivas (tanto privadas como públicas) y se creó el Plan Tierras”.
A través de este plan, el Gobierno entrega terrenos a comunidades campesinas a un ‘costo social’ bajo frente al mercado. Sin embargo, no hay un modelo claro de fijación de precios para las tierras redistribuidas.
Precios de terrenos
De ahí que Rodríguez indicó que está en elaboración un documento con parámetros integrales para fijar los costos. Costos que deben pagar las comunidades a través de un crédito que concede el Banco Nacional de Fomento (BNF), que incluye el precio del terreno y el financiamiento de un plan productivo en esas tierras.
La idea es que los beneficiarios del Plan Tierras paguen los créditos con la producción de los terrenos.
Hasta que exista el modelo para la fijación de los precios, estos se aplican mediante avalúos y referencias de los costos de tierras baldías. “50 hectáreas pueden costar 30 dólares”, señaló Rodríguez.
En cuanto a las tierras del Ministerio de Agricultura (cultivables), Rodríguez apuntó que están en alrededor de 400 a un máximo de mil dólares por hectárea. Respecto de las tierras de la banca en liquidación, éstas serán sometidas a nuevos avalúos porque “muchas están sobrevaluadas”.
Límites para la tenencia
De su lado, Francisco Hidalgo, director del Sistema de la Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador (Sipae), indicó que en el país existen 1.300 unidades productivas que superan las 500 hectáreas y que concentran 1’800.000 hectáreas. “Lo que da un promedio de 1.400 hectáreas por unidad”.
En tanto que, las unidades con menores a 5 hectáreas son 760.000. Lo que da un promedio de 1,4 hectáreas por unidad. Es decir, “la distancia entre los que menos tienen los que más tienen es de mil a uno”, apuntó Hidalgo.
De ahí que defendió la propuesta de Ley del Sipae. Ésta fija un límite de tenencia de la tierra de 500 hectáreas. Es decir, que a partir de la 501 hectáreas se aplique la afectación a las propiedades para redistribuirlas.
En esta propuesta entran todas las tierras, ya sean privadas, públicas, productivas e improductivas. Sin embargo, Hidalgo anotó que en el caso de sectores o actividades económicas que necesiten más extensiones de tierra se podrá aplicar otras formas de propiedad. Asociativas, cooperativas con los trabajadores o las comunidades aledañas.
Por su parte, Laureano del Castillo, copresidente de la Coalición, explicó que es importante discutir sobre los problemas vinculados a la tenencia de la tierra. Esto porque “se debe generar una visión que agrupe todas las posiciones (campesinos, gobierno, sectores productivos…) para así dar soluciones”.
Fuente: diario La Hora
