El Decreto Ejecutivo No. 442 exonera de impuestos a quienes impulsen la silvicultura.
Cultivar 240 mil hectáreas de plantaciones forestales, durante los próximos cuatro años, es la meta que se ha fijado el Gobierno como parte del Plan Nacional para el Buen Vivir.
Dentro de este programa se enmarca el Decreto Ejecutivo No. 442 firmado por el presidente de la República, Rafael Correa, el 26 de julio, que exonera de impuestos a las tierras rurales dedicadas a la silvicultura, hasta el momento de su explotación.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), los propietarios de más de 25 hectáreas de terreno deben pagar el uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta por cada hectárea excedente. Quienes poseen más de un predio deben sumar las hectáreas de todas sus propiedades y al resultado se restan las 25 hectáreas exoneradas.
Este valor se cobrará desde el próximo 30 de noviembre, fecha en que vencerá el plazo para que los propietarios de las tierras empadronen sus propiedades.
Julio Álvarez, asesor de la Subsecretaría de Servicios Técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), aclara que el decreto se aplica a plantaciones rurales no comerciales con fines de protección medioambiental.
Edwin Jiménez, asesor de Proforestal, entidad encargada de los programas de forestación, señala que la exención busca incentivar la plantación forestal en el país, con el objetivo de lograr el desarrollo del sector. Además, se busca que la inversión privada se enfoque hacia una actividad productiva que contribuya a cuidar el medio ambiente y la oxigenación del planeta.
El propósito del Gobierno -afirma Jiménez- es plantar 60 mil hectáreas de áreas forestales por año desde 2011 hasta 2015. La meta es cultivar un promedio de 5.000 hectáreas por mes, agrega el funcionario, tras afirmar que Proforestal ha sembrado alrededor de 11.223 hectáreas de plantaciones forestales en el último año.
El director ejecutivo de la Corporación del Manejo Forestal Sustentable (Comafors), Juan Carlos Palacios, aplaude la resolución y señala que de esta forma el Gobierno reconoce la importancia que tienen los bosques para la actividad productiva del país.
Según Palacios, Ecuador posee alrededor de 12 millones de hectáreas de bosques y áreas forestales cultivables, de las cuales solo nueve millones están plantadas y los tres millones restantes permanecen a la espera de ser reforestadas.
“La situación obedece a la falta de políticas de desarrollo sustentable para el sector maderero por parte de gobiernos anteriores”, asegura Palacios, quien califica como un paso “cuantitativo” la publicación del decreto 442.
El director de Comafors, que agrupa cinco grandes empresas madereras del país, estima que la resolución abre las puertas para que las personas, tanto naturales como jurídicas, que han tenido sus tierras incultivables puedan ver en la actividad forestal una oportunidad para cultivarlas.
En el mismo sentido se pronuncia Diego Burbano, director ejecutivo de la Corporación Fundepim (Fundación Forestal de la Pequeña Industria Maderera de Pichincha), que agrupa a más de 150 empresas madereras del país, quien asegura que la “medida contribuirá al fomento de las plantaciones forestales”.
Sin embargo, señala que “hay que estar consciente que para dinamizar este sector una sola medida no es suficiente, ya que son inversiones de largo plazo y los inversionistas necesitan altos niveles de certidumbre”.
Burbano sugiere como una alternativa generar plantaciones de especies maderables que son utilizadas por las Pymes, para asegurar el abastecimiento de madera legal y disminuir la presión sobre los bosques nativos.
Otro tema que preocupa al sector es la seguridad jurídica. Palacios señala que hay muchos terrenos forestales invadidos, por lo cual es necesario que el Estado determine que las tierras con bosques, nativos o plantados, no pueden ser invadidas.
Solicita que se establezca un reordenamiento territorial que identifique las zonas forestales de conservación y de comercialización, y, además, que se cree un programa de incentivos para los productores.
Fuente: El Telegrafo
