El estudio comparativo global sobre reformas de tenencia en tierras forestales de CIFOR se desarrolla gracias al soporte de la Unión Europea y GEF, además cuenta con el respaldo técnico de IFAD y la FAO.
Las comunidades son propietarias de los bosques pero la persona que otorga el permiso es el gobierno. Por otro lado Anne Larson científica principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) comentó que “el sistema de tenencia forestal de cada país tiene su propia historia, y entender el pasado puede ayudar a los gobierno y a las comunidades a diseñar sistemas de tenencia más equitativos en el futuro”.
La científica Larson es uno de los autores de un capítulo que compara la reforma de la tenencia forestal en el Perú e Indonesia y que será publicado próximamente como parte del libro Comparative Property Law: Global Perspectives. “Nuestro estudio muestra la evolución de los retos y avances para garantizar los derechos sobre las tierras indígenas o comunales”, explica Larson. “Eso nos ayuda a entender cómo se llegó a la situación actual e identificar los retos pendientes”.
Surgieron varios reclamos y problemas sobre los bosques debido a que casi tres cuartas partes de los bosques del mundo son consideradas de propiedad pública pero las comunidades indígenas tienen una larga historia de uso habitual, sin embargo los gobiernos han respondido diferentes tipos de reformas en especial desde inicios de la década de 2000.
Según datos de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) entre el 2002 y 2008 se logró un esfuerzo para restituir los derechos a las comunidades pero empezó a decaer entre 2008 y 2013. Los mayores avances se dieron en países de bajos y medianos ingresos en los cuales la cantidad de tierras de propiedad del gobierno designadas para pueblo y comunidades indígenas se duplicó del 3% al 6,1% entre el 2002 y 2013.
La mayor proporción de los bosques de propiedad de pueblos y comunidades indígenas se encuentra en América Latina, con un 32,9%, seguida de Asia con 30,6% y África no tiene ninguno.
Aun cuando las comunidades obtienen derechos sobre el bosque, “ello no garantiza que las áreas otorgadas no tengan derechos superpuestos, que los derechos estén asegurados o que aquellos a quienes se ha concedido derechos puedan ejercerlos plenamente”, escriben Larson y sus coautores.
Los autores afirman que Perú e Indonesia han adoptado diferentes enfoques con respecto a la tenencia forestal, enfrentan retos similares. En Perú la legislación de inicios de la década de 1970 reconoció a las comunidades indígenas y la propiedad comunal en la cordillera de los Andes y en la región amazónica. A esta, sin embargo, le siguió una ley que rescindió la propiedad comunal de los bosques, y más bien concedió derechos para su utilización y creó diferentes sistemas de tenencia para las tierras agrícolas y forestales.
Cerca de 33 millones de hectáreas siguen esperando titulación ya que el proceso se ha estancado desde el 2008. Las leyes forestales promulgadas en 2000 y 2011 trataron de organizar el sector combatiendo la tala ilegal y clasificando los bosques pero continuaban los conflictos entre los intereses privados y las comunidades por lo que los funcionarios del gobierno y líderes empresariales han acusado a las comunidades indígenas de bloquear el desarrollo del país.
Sin embargo las comunidades peruanas tienen la tenencia de más bosques que los habitantes tradicionales de los bosques en Indonesia ya que el gobierno todavía posee la gran mayoría de las tierras forestales y la densidad poblacional es mucho mayor que en la Amazonía peruana.
Un paso hacia el reconocimiento del derecho consuetudinario que se dio con la Ley Agraria Básica de 1960 se revirtió unos años más tarde, cuando la dictadura de Suharto expropió las tierras comunales, restableciendo el control del gobierno central y dividiendo los bosques entre el Estado y los propietarios privados.
En 1970 se crearon diversas categorías de bosques abriendo el camino a las concesiones forestales, plantaciones madereras y áreas de conservación, que desplazaron a las comunidades locales. En 1980 y 1990 fue creciendo la resistencia al control centralizado y en 1999 finalmente reconoció varios modelos de forestería social.
En el año 2012 un fallo del tribunal constitucional que apoyaba los reclamos de tenencia de las comunidades según el derecho consuetudinario sentó las bases para la expansión de los derechos comunales, pero el gobierno nacional ha sido reacio a renunciar a la propiedad de los bosques, por lo que su implementación ha sido lenta.
Mani Ram Banjade, otro autor del capítulo, indica que la investigación de CIFOR puede contribuir con el proceso, además comentó: “estamos considerando todo tipo de reformas en nuestra investigación, tomando casos de programas de forestería social y sistemas consuetudinarios informales”.
Los autores explicaron que en los dos países los avances hacia los derechos comunales han sido desiguales, promovidos por funcionarios solidarios y por movimientos sociales. Aunque los esfuerzos de Indonesia a favor de la tenencia comunal empezaron más tarde que los del Perú.
A medida que demandan mayores derechos, las comunidades tradicionales en ambos países seguirán enfrentando la resistencia de los funcionarios gubernamentales y los directores de empresas que los consideran obstáculos para el desarrollo, y en ocasiones también de los grupos conservacionistas que culpan a las prácticas agrícolas tradicionales de la deforestación.
“La superación de estos obstáculos para asegurar los derechos comunales requiere de coaliciones para el cambio y de una clara comprensión de las raíces de la oposición”, escriben los autores.
Las comunidades están asumiendo un papel más importante en el diseño de planes para el futuro que incluyen el uso sostenible de los recursos naturales de sus tierras.
FUENTE:
Comunidades, bosques y tenencia de la tierra: entender el pasado para atender el futuro
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